Se crea frente unido en repudio de las políticas migratorias de Trump y para exigir la protección de derechos humanos por parte del gobierno local

por Gabriela Ortiz Díaz |

Un frente de más de 50 organizaciones civiles se conformó para denunciar las políticas migratorias que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a implementar a inicios de este año 2025 –las cuales han repercutido en Puerto Rico–, y para aunar esfuerzos en la orientación y apoyo legal a la comunidad migrante en Puerto Rico.

Así lo expresó en conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico la directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Annette Martínez Orabona.

Portavoces de estas organizaciones, que proveen servicios a las comunidades y promueven la protección de derechos humanos de todas las personas en Puerto Rico, mostraron preocupación por la situación crítica que está experimentando la comunidad migrante en el archipiélago ante las detenciones injustificadas que han estado llevando a cabo personal de Homeland Security (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), particularmente en sectores de personas dominicanas, haitianas y dominico-haitianas.

Como frente, emitieron una declaración para establecer sus denuncias y exigencias. Entre lo establecido, repudian las intervenciones de estas autoridades federales de inmigración por ser racistas, selectivas, xenófobas e inhumanas y por provocar un ambiente de miedo en la población de personas inmigrantes. 

Hilda Guerrero, portavoz de Comuna Caribe, afirmó en la conferencia que las autoridades 

“llevan una campaña de terror contra personas vulnerabilizadas. Lo digo desde el conocimiento porque nuestro espacio está ubicado en una comunidad de inmigrantes y ya estamos viendo el terror que tienen las personas, que no se atreven a salir de sus casas a buscar servicios en los hospitales; hay madres que no se atreven a llevar a sus crías a las escuelas”. 

Por su parte, José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, expresó durante la conferencia que

“ICE ha hablado de que estaban arrestando delincuentes y lo que hicieron fue detener obreros de la construcción, amas de casa, cuidadoras de niños y ancianos. No han mostrado un solo delincuente todavía”.

Ante las expresiones emitidas por la gobernadora Jennifer González sobre la posibilidad de negar servicios públicos a la población migrante, José Rodríguez comentó que “la gobernadora, con esas expresiones que ha hecho, ha escrito su epitafio político. Ha sido inhumana, insensible”. 

“Este es el momento de crear una nueva política para los inmigrantes, pero también para el pueblo de Puerto Rico. Están haciendo un ensayo de violencia con los inmigrantes para decirle al nativo ‘mira lo que vamos a hacer con ustedes’. La brutalidad del imperio la están ensayando con los inmigrantes”, continuó Rodríguez. 

A preguntas sobre en qué específicamente consistía la xenofobia o el racismo de estas prácticas de intervenciones federales, Ana Irma Rivera Lassén, abogada y coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana, explicó que “el asunto del racismo se cruza con todo. Yo creo que el asunto de tener perfiles raciales tiene que ver con el prejuicio”. Aseguró que, en esta coyuntura, se ha decidido creer que las personas que viven en Puerto Rico con estatus migratorio irregular son sospechosas de cometer algún delito porque se ven de alguna manera. “Ese es un perfil racial y eso es racismo”, afirmó.

Rivera Lassén continuó expresando que “nuestra gente en Estados Unidos va a ser víctima exactamente de eso. Quien se crea que, porque tiene sus documentos regulares o que tenga ciudadanía americana, no va a ser objeto de esta pesca racista y xenofóbica, se equivoca. El perfil racial va a ver en nuestra gente puertorriqueña personas sospechosas”.

“Lo que está detrás de estas redadas y de estas órdenes ejecutivas del presidente Trump es ir en contra de la diversidad, que incluye temas de raza, nacionalidad, justicia racial, económica y social”, sostuvo la también exsenadora.

Ante esto, el frente de organizaciones exige al gobierno de Puerto Rico que adopte una política pública clara en protección de la población migrante y de sus familias. Según establece en la declaración escrita, esta política tiene que incluir el reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas migrantes y tiene que garantizar el acceso a los servicios públicos del estado de todas las personas, sin importar el estatus migratorio, incluyendo servicios médicos, hospitalarios y educativos.

Marcos Santanas Andújar, director de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, aludió en la conferencia a que las recientes redadas han impactado el derecho al acceso a la educación pública de un sector de la niñez. “Sabemos de muchos niños y niñas que el día después de las redadas se ausentaron a las escuelas de Barrio Obrero y a los cuidos”, dijo.

Estas intervenciones han sucedido en Puerto Rico a pesar de que no existe mandato que obligue al gobierno local a proveer asistencia en procesos de detención de personas con estatus migratorio irregular. El frente reafirma que la obligación principal del gobierno de Puerto Rico es asegurar que todas las personas residentes en el archipiélago se sientan seguras en sus casas, comunidades y espacios de trabajo y estudio.

Interés monetario con las detenciones

Durante la conferencia se mencionó que estas políticas de Trump le abren las puertas al capital económico.

“Aunque los derechos humanos y civiles no deben venderse por dinero, hay personas en el gobierno de Trump con mucho interés económico en el encarcelamiento de personas, desde los que les brindan contrato de transporte, comida, pero también están los contratos de la cantidad de camas que se necesitan. Están pidiendo más camas para los centros de detención”, ejemplificó Yanira Arias, portavoz de la organización Alianza América. Añadió que detrás de estas intervenciones existe un interés de “enriquecer a un sector neoliberal, capitalista y poderoso”. 

Arias especificó que con la nueva Ley Laken Riley –puesta en vigor el 29 de enero de 2025 tras ser ratificada por Trump– se comprueba cuáles son las intenciones económicas que tiene el Congreso con las detenciones a inmigrantes. Por ejemplo, beneficiar a las empresas que operan los centros de detención migratoria en Estados Unidos, pues como parte de la ley, el Congreso ha solicitado incrementar el número de camas en esos centros y contratar más personal. Sabemos que esta Ley viene a enriquecer a las corporaciones privadas que proveen servicios en las cárceles y que se enriquecerán de la mano de obra a bajo costo de las personas migrantes y de los servicios de salud física y mental, alimentos, llamadas telefónicas, ropa, entre otros que replican las acciones y políticas de la trata esclavista.

Arias añadió, que esta nueva ley anti-inmigrante aumentará el perfil racial, detenciones prolongadas, y pondría a riesgo de detención a personas inmigrantes que han sido acusadas de haber cometido delitos menores como apropiarse de servicios básicos de comida, ropa, etc. Como parte de esa propuesta el Congreso de los Estados Unidos esta pidiendo incrementar el número de camas en centros de detención y contratar más personal. La meta del Congreso es 118,500 nuevas camas, el costo por noche de una persona detenida es $165.00. El cálculo apróximado de ingresos para las compañías privadas es de $19 millones por noche. Este cálculo aproximado es a base de la meta del Congreso. 

ICE estima que esta ley le costará al gobierno 83 mil millones de dólares en los próximos tres años, presupuesto suficiente, según dijo Yanira Arias, para financiar 118,500 camas de detención adicionales, contratar 40 mil personas para trabajar en los centros y para que haya un aumento del 25 por ciento en los vuelos de deportación. Arias indicó que el costo por noche de una persona detenida es de $165.  

Bajo esta ley “anti-inmigrante” y que “aumentará el perfil racial”, las autoridades de inmigración podrán detener a cualquier inmigrante que haya sido acusado o arrestado por delitos menores como robos en tiendas a la vez que se enriquecen las corporaciones privadas.

Acciones específicas del frente 

Como parte de las acciones directas de este frente de organizaciones, se presentará próximamente un proyecto de ley que propone la creación de una política pública de protección a la comunidad migrante en Puerto Rico.

De igual forma, se han abierto canales de orientación y servicios legales gratuitos para personas migrantes en Puerto Rico, incluyendo la representación legal en casos de detención y deportación. En ese sentido, Ayuda Legal Puerto Rico anunció que cuenta con una línea telefónica de apoyo que opera de lunes a viernes de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. El número a llamar es 939-545-3030. 

También se ha comenzado una campaña educativa cuyo fin es realizar talleres para educar a las comunidades migrantes sobre sus derechos y herramientas para protegerse de posibles abusos.

La ACLU y las organizaciones aliadas concluyeron la conferencia de prensa haciendo un llamado a todos los sectores de la sociedad a unirse para garantizar que en Puerto Rico se respeten y protejan los derechos humanos. Para esto, se extendió una invitación a participar de varias actividades y manifestaciones como la que habrá este jueves 30 de enero a las 4:00 de la tarde frente al Tribunal Federal, ubicado en la avenida Chardón, en Hato Rey.