Bajo vigilancia la lucha por vivir
por Víctor Rodríguez-Bultrón
Es el 1 de mayo, o el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, y el sector conocido como la “Milla de Oro” en Hato Rey se prepara para recibir a la multitud de manifestantes que desde hace unos años allí se convocan. Filas de policías se alinean detrás de barricadas que bloquean el acceso de la Ponce de León, donde se encuentra el edificio Seaborne, sede de la Junta de Control Fiscal.
Junta que desde el 2016 mantiene control sobre una deuda ilegal, provocada por los bancos, los ricos y el mismo gobierno.
A pesar de que hubo varias convocatorias de marchas que partieron de distintos puntos de San Juan, hay algo distinto este año. Contrario a otros años, la congregación —a pesar de aún ser numerosa—, es menor, porque esta vez se reunieron en varios puntos estratégicos que incluyeron la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, el Departamento del Trabajo y el Túnel Minillas.
La marea de manifestantes contrastó con el innecesario exceso de fuerza policiaca; pues cada año esta cantidad aumenta “en su rol de proteger”...
pero ¿proteger a quién o a qué?
Las personas que allí llegaron, en horas de la mañana, mostraban su particular motivo para protestar: las decisiones del ente que llegó bajo la ley PROMESA, decisiones de la actual administración y, medidas de austeridad y empobrecimiento del pueblo para el lucro de otros (los ricos) con una deuda ilegal que no quieren auditar.
Con coros, consignas, pancartas y cruzacalles, las personas presentes iniciaron su marcha por las calles de San Juan con lemas como “defendamos las pensiones”, “cero recortes a la UPR”, “Fuera LUMA”, entre otros, que demostraban la molestia que ya es parte de la vida diaria de Puerto Rico desde hace algún tiempo. Esto, puesto a lo que una vez alguien dijo: quienes han vivido en Puerto Rico por los pasados 8 años, como mínimo, lo han hecho de crisis en crisis.
¿Cómo que se vive de crisis en crisis?
Hagamos un breve recuento. En 2015, hubo una sequía y pronto racionamiento de agua que bien tuvo que ver con la falta de mantenimiento de nuestros embalses. En 2016, un apagón que dejó a gran parte de la población sin servicio hasta por más de una semana. En 2017 y 2018, los huracanes Irma y María, y la respuesta ineficiente del gobierno, se encargaron de meternos en una crisis mayor, y sus secuelas llegaron hasta el 2019, año en que la crisis política provocada principalmente por el mal manejo de los desastres naturales llegó a punto de ebullición y terminó con la renuncia forzada por el pueblo del entonces gobernador Ricardo Rosselló. Desde 2020 en adelante, la pandemia y los terremotos cambiaron la forma en que vivimos.
A pesar de que muchos de estos eventos fueron desastres naturales, todos tuvieron como secuela un desastre particular secundario: el político, cuyas consecuencias han sido la pérdida de vidas, el desplazamiento de seres queridos en búsqueda de un mejor porvenir, y un craso empeoramiento de la vida de quienes se quedan. Con este panorama, la protesta y organización, aunque pareciera repetitiva, es necesaria y apremiante. A la vez, se entiende aún menos el rol de la policía, que antagoniza a les protestantes tal piezas de ajedrez que el estado utiliza para preservar sus intereses y los de ciertas clases privilegiadas. En ese rol, los policías actúan como si no fueran parte del mismo pueblo que siente y padece; rompen con su propia humanidad para convertirse en una entidad que se remite a seguir órdenes y darle la espalda a quienes viven a su alrededor, y a sí mismo.
En un país en el que el 9:00-5:00 en muchos casos no da para vivir bien, en el que se cierran las escuelas, en el que se recortan las pensiones y cada vez se tiene que vivir con menos debido a los efectos de la inflación, encima de todo existe una militarización y vigilancia orquestrada por el estado para reprimir a quien se atreva a enfrentarse a él. De nada parece valer los anuncios y coordinación previa, que aunque pareciera ser contraintuitivo se realiza con la intención de que se respete el derecho a la protesta que pareciera ser fácil de violentar con impunidad.
Con arrestos ilegales y mediante la intimidación y persecución, el estado se encarga nuevamente de perseguir a entidades particulares que se dedican a hacer el trabajo de base y mantener presente la temática de los problemas de la isla para salir a la calle y luchar por ellos. Para los policías, que en esta instancia hicieron su demostración de fuerza al detener ilegalmente a tres importantes líderes activistas para luego liberarles, pareciera ser un día para el cual se preparan para observar, y tomarlo como simulacro para luego ir a descansar como si no se enfrentaran a los mismos bajos salarios. Una isla cuyo sistema de educación, salud y otros están en pedazos, unas horas extra que posiblemente nunca verán ser pagas y una conciencia que dirán está limpia, pero que tiene espacio para estar como mínimo cuestionable.
Para levantarse el día después, continuar viviendo su vida y prepararse por si vuelven "los revoltosos", los mismos que como mínimo cada uno de mayo plantean —mediante la protesta— la posibilidad de un Puerto Rico mejor, y para después rogar empatía cuando ocurre un fenómeno de aquellos como el que llaman "blue flu".
El 1 de mayo continúa siendo el día emblemático de las manifestaciones puertorriqueñas, y a la vez, se convierte en un día para el estado intentar demostrar su fuerza e impunidad una y otra vez. Tras el de este año, y del otro lado de la barricada, quedan preguntas estratégicas ante la repetición de este panorama: ¿y ahora qué? ¿Cómo se trabajará de ahora a futuro, y se evitará el burdo espectáculo que el estado prepara para acallar cualquier tipo de manifestación? Y sin lugar a duda, ¿cómo trabajar para que las demandas que se han hecho por los pasados primeros de mayo se mantengan en la conciencia social a gran escala alrededor del año, y no se pierda el furor de ese día?
Esto, sin contar con las fuerzas represivas del estado. Porque, mientras muchas veces aluden a que sienten, padecen y "son igual que nosotros y viven bajo las mismas condiciones", definitivamente rompen con eso a la hora de "trabajar" las manifestaciones y enfrentarse a la comunidad. Porque parecieran no estar allí para resguardar vidas, sino que para resguardar propiedad y privilegios. Propiedad y privilegios de quienes nos tienen —a todes— bajo las condiciones que vivimos, con las problemáticas que nos aquejan día a día y con condiciones de vida que cada vez se laceran más, mientras ellos viven feliz su vida en el aire acondicionado, recibiendo bonificaciones y premios a nuestra costa.